Inclusión del IVA de los servicios de abogado y procurador para calcular el límite del 5% de las costas exigibles al deudor en casos de ejecución de vivienda habitual

José María Martín Faba
Noviembre 2018

Resumen: Dentro de la miríada de medidas que el Gobierno de turno implementó para subvenir la situación de los deudores que hipotecaron su vivienda habitual, cabe distinguir la que se estableció en el artículo 575.1 bis LEC, según el cual, en el supuesto de ejecución de vivienda habitual, las costas exigibles al deudor ejecutado no podrán superar el 5 por cien de la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva. Pues bien, la RDGRN núm. 13751/2018, de 19 septiembre de 2018 (RJ\2018\4117), interpretando el precepto aludido, ha dictaminado que dentro de dicho límite debe incluirse el importe del IVA que se devenga en las facturas de honorarios de los abogados y de derechos de los procuradores que hayan intervenido en el procedimiento, pues de esta manera se protegen mejor los intereses del deudor ejecutado.

Uso publicitario de declaraciones de propiedades saludables de los alimentos

Ángel García Vidal
Noviembre 2018

Resumen: El Jurado de la Publicidad de Autocontrol se ha ocupado en resoluciones recientes del uso publicitario de declaraciones de propiedades saludables de los alimentos.

¿Quién debe pagar la reparación del regulador de la entrada de gas?

Ana I. Mendoza Losana
Noviembre 2018

Resumen: Se responde a una consulta planteada por una OMIC relative a la distribución de la responsabilidad sobre el mantenimiento de las instalaciones receptoras de gas natural.  

La controvertida responsabilidad del conductor por atropello de especies cinegéticas

María Zaballos Zurilla
Noviembre 2018

Resumen: El trabajo analiza las dos últimas sentencias del Tribunal Constitucional que resuelven sendos recursos de inconstitucionalidad planteados contra el apartado trigésimo del artículo único de la Ley 6/2014. Dicho apartado, reproducido por la disposición adicional séptima del Real Decreto Legislativo 6/2015, atribuye al conductor la responsabilidad por daños a personas y bienes en el caso de atropello de especies cinegéticas. La sentencia 57/2018 no llega a entrar en el fondo del asunto. La sentencia 112/2018, no estima la cuestión de inconstitucionalidad, pero abre la puerta a la posible responsabilidad de la Administración.

No es cierto que el Tribunal Supremo obligue a Enagás a devolver 17 millones de euros a los consumidores de gas

Ana I. Mendoza Losana
Noviembre 2018

Resumen: El Tribunal Supremo anula parcialmente la Orden IET/2445/2014, que cifraba los costes en los que incurría Enagás por administrar Castor y los computaba como costes retribuidos con cargo a los peajes de acceso (STS núm. 1.598/2018, de 7 de noviembre de 2018).

Caen las hipotecas tranquilidad

Lucía del Saz Domínguez
Noviembre 2018

Resumen: El Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid declara nulas por abusivas varias cláusulas de una “hipoteca tranquilidad” puesto que la información suministrada no es completa, sin que resulte precisa, clara ni comprensible, impidiendo al adherente conocer el alcance y los riesgos económicos asumidos.

Cláusulas de delimitación temporal en el seguro de responsabilidad civil profesional

Pilar Domínguez Martínez
Noviembre 2018

Resumen: Según el Tribunal Supremo, en un seguro de responsabilidad civil profesional de arquitecto técnico que por decisión de la aseguradora no se renovó tras haber estado prorrogándose anualmente durante veinte años, es válida la cláusula de delimitación temporal respecto de las reclamaciones dirigidas contra el asegurado durante la vigencia de la póliza pero por razón de obras anteriores o durante la vigencia de la póliza. Las dos modalidades de delimitación temporal previstas en el art. 73 LCS no son necesariamente acumulativas.

De nuevo sobre el ámbito de aplicación del art. 16.2.e) de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles (STS 544/2018, de 3 de octubre)

Manuel Jesús Marín López
Noviembre 2018

Resumen: La STS de 3 de octubre de 2018 confirma la doctrina sentada en la STS de 2 de febrero de 2018, según la cual el art. 16.2.e) LVPBM se aplica al supuesto en el que prestamista y prestatario acuerdan, después de celebrado el préstamo, que el prestatario entrega el bien al prestamista para que se proceda a su venta con una finalidad pro solvendo. Por eso, la deuda pendiente de pago por el prestatario se extingue en la cuantía correspondiente al valor que el bien tiene en el momento de su entrega al prestamista, conforme a las tablas de depreciación del bien que se incluyen en el contrato, y no en la cuantía (menor) del precio obtenido en la posterior venta del bien a un tercero.