NOVEDADES
CESCO
Mª del Mar Garrido Gómez
Abril 2017
Resumen: Estudio de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en relación con el cambio, de gratuito a oneroso, de un servicio adicional que ofertaba Telefónica a sus clientes y en la que se exponen los motivos que llevan a la declaración de este hecho como de abusivo al no quedar constancia de la aceptación inequívoca de los clientes de este servicio.
Alicia Agüero Ortiz
Abril 2017
Resumen: La OMIC de Cartagena remite al CESCO una siguiente consulta relacionada con la reclamación de gastos de formalización de préstamos hipotecarios. En particular, a raíz de la práctica según la cual las entidades de crédito cobran una comisión a los clientes por entregarles una copia de las facturas de Notaría, Registro, IAJD, etc., se cuestiona: “¿puede la entidad bancaria cobrar (otra vez, aunque sean fotocopias) a los afectados una cantidad por la entrega de documentación relativa al préstamo hipotecario?”
El Anteproyecto de la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario
Karolina Lyczkowska
Abril 2017
Resumen: El Anteproyecto de la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario tiene como principal propósito transponer al Derecho español la Directiva UE 2014/17 sobre los contratos de crédito celebrados con consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. Este trabajo constituye un resumen del Anteproyecto (en su versión fechada a 17 de marzo 2017) que consta de 40 artículos, divididos en cuatro capítulos.
Lorena Parra Membrilla
Abril 2017
Resumen: A través del Auto de 8 de Febrero de 2017, el Tribunal Supremo formula una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con dos peticiones sobre las cláusulas predispuestas que prevén el vencimiento anticipado de un préstamo con garantía hipotecaria.
Lourdes García Montoro
Abril 2017
Resumen: El recurso a las nuevas tecnologías como método innovador de prestación de servicios en el sector bancario es, desde hace ya unos años, la tónica predominante en la mayoría de entidades bancarias y EFCs. La Comisión Europea, consciente de esta realidad, ha querido aprovechar la coyuntura para promocionar el uso de las TIC y posibilitar la armonización del mercado de servicios financieros minoristas, de forma que, con independencia de su lugar de residencia, los ciudadanos europeos puedan adquirir de entidades sitas en cualquier Estado miembro productos financieros a un precio competitivo dentro de un mercado único de servicios financieros destinados a consumidores.
Manuel Jesús Marín López
Abril 2017
Resumen: En los casos de muerte violencia o con indicios de criminalidad, el juez ordenará la práctica de la autopsia (art. 343 LECrim). Para ello el cadáver tiene que ser recogido y trasladado al lugar idóneo para su práctica. ¿Quién debe abonar ese servicio de recogida y traslado del cadáver? ¿Los familiares del fallecido o la Administración de Justicia? La situación se complica cuando, como en el caso de la provincia de Albacete, ese servicio únicamente puede realizarlo una empresa funeraria, que es la que ha contratado con la Administración de Justicia la prestación de ese servicio en exclusiva.
Blanca Lozano Cutanda
Abril 2017
Resumen: La Sentencia del TC resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno contra varios preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2014, de horarios comerciales y de medidas para determinadas actividades de promoción, declarando su inconstitucionalidad y nulidad por oponerse a la legislación básica estatal; en concreto, los preceptos anulados se declaran contrarios bien a la Ley 1/2004, de horarios comerciales, o bien a la Ley 7/1996, de comercio minorista.
José Mª Martí Sánchez
Abril 2017
Resumen: Comentamos una situación cada vez más frecuente: la exhibición de prendas o distintivos religiosos en instalaciones de acceso público (oficiales o privadas), o en lugares de trabajo, pero adoptamos la perspectiva del cliente o receptor de la prestación. Lo hacemos con ocasión de la sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de la Unión Europea (TJUE) de 14 de marzo de 2017, Asma Bougnaoui, Association de défense des droits de l’homme (ADDH) y Micropole SA, una demanda de decisión prejudicial (art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), en relación a la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. La duda se proyecta sobre la interpretación de su artículo 4.1.
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