¿Por qué los tribunales civiles no son competentes en materia de denegación del derecho de acceso?

Blanca Aparicio Araque
Julio 2024

Resumen: A la luz de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz núm. 39/2024, de 8 de febrero, recurso 336/2023, en la que la parte actora había interpuesto una demanda solicitando que el responsable de tratamiento de datos de la entidad demandada le permitiese acceder a sus ficheros, como consecuencia de la denegación del derecho de acceso a estos datos personales por parte del mismo, surge un conflicto de competencia a la hora de conocer de este tipo de reclamaciones, debiendo decantar la balanza hacia el ejercicio de este derecho a través de la interposición de una demanda ante la jurisdicción civil, o realizando una reclamación mediante los modelos formalizados dirigida a la Agencia Española de Protección de Datos.

¿Cuándo los datos personales pueden ser calificados como contraprestación?

Sheila Martínez Gómez
Julio 2024

Resumen: Se recibe en CESCO una consulta (procedente del Servicio de Mediación y Arbitraje de la Dirección General de Salud Pública de Castilla-La Mancha) sobre cuándo puede calificarse de oneroso el contrato de suministro de contenidos y/o servicios digitales a cambio de la cesión de datos personales por parte del usuario.

Asistencia sanitaria y asistencia legal del asegurado dañado: obligaciones de la aseguradora en un seguro de responsabilidad civil en la circulación

Pilar Domínguez Martínez
Julio 2024

Resumen: El estudio analiza la responsabilidad de una aseguradora tras un accidente de tráfico, evaluando su gestión en la atención médica y la asistencia legal proporcionada a la reclamante. La consulta plantea si la aseguradora cumplió con sus obligaciones contractuales y si se pueden tomar acciones legales adicionales debido a la gestión deficiente del siniestro y el asesoramiento jurídico inadecuado.

¿Puede el arrendatario del local exigir la aplicación del art 10 Ley Propiedad Horizontal?

Celia Sevilla González
Julio 2024

Resumen: El arrendatario no es per se parte en la relación jurídico material establecida por la declaración del régimen de propiedad horizontal, el cual regula las relaciones entre los propietarios y entre estos y la comunidad de la que forman parte. Los derechos y obligaciones del arrendatario de local de negocio respecto del arrendador quedan encuadrados en las disposiciones del contrato de arrendamiento regulado en el Código Civil y en las estipulaciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Salvo pacto en contrario, es obligación del propietario asumir las obligaciones derivadas de la Ley de Propiedad Horizontal, entre ellas las establecidas en su artículo 10 relativas a las obras que resulten necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación del inmueble. A pesar de ello, la práctica jurídica demuestra que el arrendatario puede, en determinados casos, verse afectado directamente por la ejecución de actos derivados de las disposiciones de la Ley de Propiedad Horizontal o que les alcancen indirectamente, por simple conexión, dada su condición de titulares de la posesión de un inmueble sujeto al régimen de propiedad horizontal. Esta conexión puede en determinados casos atribuirle la responsabilidad de realización de las obras necesarias para el inicio de su actividad.

El Tribunal Constitucional no avala los contratos de gestación por sustitución, pero salvaguarda los derechos de los menores nacidos por esta vía

Ángeles Lara Aguado
Julio 2024

Resumen: El establecimiento de la filiación de los menores que nacen en el extranjero de contratos de gestación por sustitución y su reconocimiento por una u otra vía en el Estado de residencia habitual de los comitentes es un tema cada vez más en auge, como consecuencia de los deseos irrefrenables de paternidad/maternidad a toda costa y del mercantilismo sin límite que impregna todos los ámbitos de la sociedad actual. La Sentencia del Tribunal Constitucional español 28/2024, de 27 de febrero de 2024, aun admitiendo que estos contratos pueden atentar contra la dignidad de la mujer gestante, concluye que debe permitirse la constitución de la adopción de un niño por parte de la esposa del padre del menor, cuando aquel consta inscrito en el Registro civil español como padre biológico de su hijo, porque su paternidad proclamada por el Registro civil no ha sido impugnada por el Ministerio Fiscal.

¿Qué es la Directiva anti-SLAPP?

Mª Victoria Cuartero Rubio
Julio 2024

Resumen: Muy mediática y sumamente interesante desde un punto de vista jurídico, la Directiva (UE) 2024/1069 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de abril de 2024 relativa a la protección de las personas que se implican en la participación pública frente a pretensiones manifiestamente infundadas o acciones judiciales abusivas («demandas estratégicas contra la participación pública») es una norma de litigación civil: en defensa de la libertad de expresión e información, la democracia y el Estado de Derecho.

El derecho de crédito derivado del derecho al acceso a las prestaciones por situación de dependencia es transmisible mortis causa 

Helena Palomino Moraleda
Julio 2024

Resumen: Una vecina de dos Hermanas, quien ha sido reconocida en situación de dependencia, fallece sin que hubiera sido aprobado el PIA. Una de sus hijas recurre la finalización del procedimiento administrativo de aprobación del PIA por fallecimiento de la promotora y reclama una cuantía económica en concepto de sufragio de los gastos que financiaron a su madre para su cuidado, como consecuencia de la dilación de la Administración. Reconoce el TS a los causahabientes el derecho a que se apruebe el PIA y derivado de ello, el interés que estos tienen en el reintegro de los gastos que han venido financiando a la causante. Se equivoca el Alto Tribunal al ofrecer una solución intermedia.

¿Puede considerarse válido el consentimiento del consumidor en lo que respecta a la emisión de la factura vía electrónica cuando se establezca su previsión a través de una condición general de la contratación, o es necesario un consentimiento separado y específico?: STS (Sala 3ª), de 29 de abril de 2024 (JUR 2024, 133017)

María Zaballos Zurilla
Julio 2024

Resumen: La STS (Sala 3ª), de 29 de abril de 2024 (JUR 2021, 133017) considera que la renuncia al derecho a recibir la factura en papel, y la aceptación de la factura electrónica por parte del consumidor tiene que ser solicitada de manera expresa por la empresa y que, además, esta ha de recabar la información pertinente sobre la recepción de la factura electrónica. Establece asimismo de modo indubitado que la posibilidad, legalmente consagrada, de revocación del consentimiento previamente prestado por el consumidor, que ha de realizarse del modo previsto, ex art. 63.3 TRLGDCU, excluye absolutamente que la factura electrónica pueda ser incluida en las condiciones generales del contrato, de necesaria e incondicionada aceptación, previa a cualquier cambio u opción posterior.