Reparación por compañía aseguradora de un iPhone con piezas no originales: ¿quién tiene competencia para tramitar la reclamación?

Lorena Parra Membrilla
Septiembre 2019

Resumen: La Dirección Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo plantea a CESCO quien tendría competencia en la tramitación de una reclamación por una indebida reparación efectuada por el Seguro de daños accidentales de un terminal iPhone contratado en el establecimiento en el momento de su compra ¿Se debe tramitar la reclamación por el Servicio de Consumo, o a la Dirección general de Seguros y Fondo de Pensiones?

El transportista comunitario en un vuelo con conexión directa debe compensar por gran retraso pese a su producción en un tramo extracomunitario por un transportista no comunitario

Lucía del Saz Domínguez
Septiembre 2019

Resumen: El presente supuesto resuelve la petición de una decisión prejudicial a fin de interpretar el artículo 3.5 del Reglamento (CE) n.º 261/2004.

Los menores transexuales podrán modificar su sexo en el Registro Civil siempre que tengan suficiente madurez y una condición estable de transexualidad

Elena Trujillo Villamor
Septiembre 2019

Resumen: Análisis sobre la sentencia 99/2019, de 18 de julio de 2019 del TC en su respuesta a la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 3/2007. Se analiza la necesidad y proporcionalidad de la norma según el TC. Se declara inconstitucional exigir la mayoría de edad a las personas transexuales que ostenten suficiente madurez y una situación estable de transexualidad para poder cambiar su sexo en el Registro Civil.

¿Qué costes se devuelven por reembolso anticipado de créditos al consumo?

Encarna Cordero
Septiembre 2019

Resumen: El Tribunal de Justicia considera que, en caso de reembolso anticipado de créditos al consumo, el derecho del consumidor a la reducción del coste del crédito, proporcional a la duración del contrato, comprende todos los costes, y no solo los vinculados a la duración del contrato, decisión que plantea profundos enigmas con respecto a aquellos costes que, objetivamente, son invariables cualquiera que haya sido el plazo efectivo de duración del contrato.

El Ayuntamiento de Parla NO infringió la normativa de protección de datos en la prestación de servicios de atención social

Ángel Carrasco Perera
Septiembre 2019

Resumen: Con el deseo y el convencimiento de no crear innecesarios gravámenes a la prestación de servicios públicos, propongo una interpretación de la normativa de protección de datos, que creo más consistentes que los discursos que corren al respecto, pero que estoy seguro que no ganará muchos adeptos.

El Ayuntamiento de Parla SÍ infringió la normativa de protección de datos en la prestación de servicios de atención social

Iuliana Raluca Stroie
Septiembre 2019

Resumen: Mi maestro Ángel Carrasco ha publicado un artículo[1] en el que expone una elaborada interpretación sobre la normativa de protección de datos respecto al concepto de tratamiento de datos personales. Desde la humildad y el mas profundo respeto a mi maestro, con este trabajo propongo una interpretación distinta a la reflejada en su trabajo.

[1] Carrasco Perera, A. “El Ayuntamiento de Parla NO infringió la normativa de protección de datos en la prestación de servicios de atención social”

La evaluación de la solvencia del prestatario en la Ley 5/2019 (V): consecuencias civiles del incumplimiento por el prestamista de su obligación de evaluar la solvencia del prestatario

Manuel Jesús Marín López
Septiembre 2019

Resumen: La Ley 5/2019, de contratos de préstamo inmobiliario, regula la obligación de evaluar la solvencia del prestatario en los arts. 11 y 12. En este quinto (y último) trabajo sobre la materia se examinan las consecuencias jurídico-civiles que produce el incumplimiento por el prestamista de su obligación de evaluar la solvencia del prestatario.

¿Una demanda de juicio verbal menor de 2.000 euros planteada por un consumidor en el Juzgado de su lugar habitual de residencia conlleva costas?

Lucía del Saz Domínguez
Septiembre 2019

Resumen: Desde la OMIC Aguilar solicitan nuestra opinión sobre esta cuestión, en el contexto de un litigio en el que el consumidor planteó un juicio verbal contra una compañía eléctrica de cuantía menor de 2.000 euros y fue condenado en costas.