Efectos de la moratoria legal hipotecaria del RD-Ley 8/2020

Manuel Jesús Marín López
Enero 2021

Resumen: El RD-Ley 8/2020, de 17 de marzo, regula una moratoria de la deuda hipotecaria a la que pueden acogerse determinados deudores y fiadores de préstamos hipotecarios que estén en situación de vulnerabilidad económica. Este trabajo examina cuáles son los efectos de esta moratoria legal: la suspensión de la obligación de abonar las cuotas del préstamo hipotecario y los efectos sobre los intereses remuneratorios, moratorios y la cláusula de vencimiento anticipado.

La pérdida de la ventaja en un crédito en caso del cese de la domiciliación de ingresos en la entidad prestamista (STJUE de 15 octubre 2020)

Karolina Lyczkowska
Enero 2021

Resumen: En la STJUE de 15 octubre 2020 (asunto C-778/18) se debate la norma nacional francesa que autoriza a las entidades de crédito a obligar a los consumidores a domiciliar sus retribuciones salariales o ingresos asimilados, para dilucidar si se opone al objetivo de facilitar la movilidad bancaria perseguido por las Directivas UE 2007/64, 2014/17, 2014/92 y 2015/2366.

La nueva ley de servicios electrónicos de confianza: la identificación remota es una realidad

Elena Trujillo Villamor
Enero 2021

Resumen: Análisis sobre la nueva Ley de Servicios Electrónicos de Confianza que deroga la Ley de Firma Electrónica y complementa al Reglamento 910/2014 y sus posibles implicaciones en la función notarial.

Transacción sobre cláusula suelo

Ángel Carrasco Perera
Diciembre 2020

Resumen: La Sala de casación da un paso atrás, y un paso desacertado, en su doctrina sobre la novación y renuncia transaccional a la nulidad de cláusula suelo. La jurisprudencia europea es seguramente la culpable de este descalabro conceptual. 

¿Puede un vendedor obligar al comprador a financiar el precio, impidiéndole que lo pague al contado?

Manuel Jesús Marín López
Diciembre 2020

Resumen. Este trabajo analiza si, conforme al derecho español, un vendedor puede imponer al consumidor que financie la adquisición, impidiéndole el abono del precio al contado. La validez de esta práctica se examina tomando en consideración los arts. 26.1 y 26.3 de la Ley 16/2011, de contratos de crédito al consumo, y los arts. 89.4 y 89.5 TRLGDCU.

La pendiente resbaladiza de las limitaciones al alquiler turístico o vacacional

Mª Carmen González Carrasco
Diciembre 2020

Resumen: El artículo expone la jurisprudencia y doctrina recaída sobre el nuevo apartado 12 del artículo 17 de la LPH y argumenta por qué las limitaciones al alquiler vacacional que, según el TS y la DGRN, pueden acordarse en el seno de las comunidades de propietarios, se deslizan por una pendiente resbaladiza que apunta a su desaparición en los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal.

¿Tiene el empresario potestad para revelar los motivos que incentivaron el despido de uno de sus trabajadores, aun siendo este por causa justificada?

Alba García Hernández
Diciembre 2020

Resumen: La protección de datos en el entorno de trabajo se presenta actualmente como una asignatura aún pendiente de una efectiva implementación; no obstante, son grandes los avances que se han ido experimentando a lo largo de los años. En este contexto, la Agencia Española de Protección de Datos se enfrenta a numerosas reclamaciones fundadas en la vulneración del principio de confidencialidad, ya sea por parte de alguno de los empleados o bien, porque tal infracción sea cometida por propio empresario. Con este trabajo se pretende dilucidar cuándo es lícita la comunicación de datos personales, cuáles son las obligaciones dimanantes del deber de confidencialidad y la conexión intrínseca existente entre la no revelación de información personal y el tratamiento de datos.

La condición de consumidor en un contrato de viaje combinado pactado por un colegio

Lucía del Saz Domínguez
Diciembre 2020

Resumen: Una OMIC consulta si los alumnos que contrataron un viaje combinado en una agencia de viajes a través de su colegio podrían ser considerados consumidores (actuando el colegio como mero intermediario), así como la posible conformidad a Derecho de unos supuestos gastos que la empresa pretende cobrar en aplicación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.