Extremadura: menores y publicidad de bebidas alcohólicas

Ángel García Vidal
Abril 2017

Resumen: El «BOE» núm. 69, de 22 de marzo de 2017, publica la Ley 3/2017, de 1 de marzo, de modificación de la Ley 2/2003, de 13 de marzo, de la convivencia y el ocio de Extremadura, y de la Ley 4/1997, de 10 de abril, de medidas de prevención y control de la venta y publicidad de bebidas alcohólicas para menores de edad.

Incumplimiento contractual del operador de telecomunicaciones: ¿se puede exigir el cumplimiento o sólo la resolución? 

Lourdes García Montoro
Abril 2017

Resumen: El presente documento otorga respuesta a una consulta interpuesta por una OMIC en relación a la legalidad de las continuas subidas del precio del paquete de telecomunicaciones “Movistar Fusión”, cuestionando si sería posible requerir al operador de telecomunicaciones al cumplimiento de las obligaciones contractuales inicialmente asumidas con el consumidor, es decir, el mantenimiento del precio, o si la única alternativa posible es asumir la subida del precio o resolver el contrato. 

Datos de carácter personal y guías telefónicas

Ángel García Vidal
Abril 2017

Resumen: Nota a la STJUE de 15 de marzo de 2017, en el asunto C 536/15, que ha interpretado el artículo 25, apartado 2, de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009.

Algunas cláusulas controvertidas que pueden afectar al fiador de préstamos hipotecarios

José María Martín Faba
Abril 2017

Resumen: En la resolución comentada se debate  sobre el posible carácter abusivo de ciertas condiciones generales de préstamo hipotecario que pueden tener incidencia en el fiador en caso de incumplimiento del prestatario, en concreto, sobre la cláusula predispuesta que impone una imputación de pagos determinada, la relativa al valor de tasación del inmueble a efectos de subasta y la de fianza solidaria o con renuncia de beneficios.

La condición de consumidor en los contratos con doble finalidad (personal y empresarial). La STS de 5 de abril de 2017

Manuel Jesús Marín López
Abril 2017

Resumen: El TRLGDCU no regla si puede considerarse consumidor al que adquiere un bien para destinarlo a fines mixtos (personales y empresariales). La STS de 5 de abril de 2017, que es la primera sentencia del Tribunal Supremo que se ocupa de esta cuestión, establece que habrá que atender al fin predominante. En este trabajo se analiza la corrección de esta doctrina, teniendo en cuenta la jurisprudencia del TJUE y algunas Directivas europeas. 

El paquete “Movistar Fusión” que, por un motivo u otro, no para de subir 

Lourdes García Montoro
Abril 2017

Resumen: El presente documento analiza la última subida de precio del paquete de telecomunicaciones Fusión de Movistar, y esclarece en qué supuesto podría el usuario afectado por la subida exigir al operador el mantenimiento del precio inicialmente acordado.

Nulidad de la cláusula insertada por Telefónica en sus contratos con consumidores por la que un servicio gratuito pasa a ser oneroso, al considerarse una nueva contratación y no una modificación del contrato ya establecido

Mª  del Mar Garrido Gómez
Abril 2017

Resumen: Estudio de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en relación con el cambio, de gratuito a oneroso, de un servicio adicional que ofertaba Telefónica a sus clientes y en la que se exponen los motivos que llevan a  la declaración de este hecho como de abusivo al no quedar constancia de la aceptación inequívoca de los clientes de este servicio.

¿Puede la entidad de crédito cobrar al cliente por entregarle una copia de la factura de Notaría, Registro e IAJD?

Alicia Agüero Ortiz
Abril 2017

Resumen: La OMIC de Cartagena remite al CESCO una siguiente consulta relacionada con la reclamación de gastos de formalización de préstamos hipotecarios. En particular, a raíz de la práctica según la cual las entidades de crédito cobran una comisión a los clientes por entregarles una copia de las facturas de Notaría, Registro, IAJD, etc., se cuestiona: “¿puede la entidad bancaria cobrar (otra vez, aunque sean fotocopias) a los afectados una cantidad por la entrega de documentación relativa al préstamo hipotecario?”