SEMINARIO CESCO DE DERECHO DE CONSUMO DICIEMBRE 2021

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¿Fin a la batalla judicial sobre la cláusula IRPH en Europa?

Sheila Martínez Gómez
Diciembre 2021

Resumen: El ATJUE de 17 de noviembre de 2021 (Gómez del Moral Guasch II) entiende que las cuestiones prejudiciales planteadas por el Titular del JPI nº38 de Barcelona, relativas a la conformidad de la cláusula IRPH con las previsiones de la Directiva 93/13/CEE, encuentran respuesta en la STJUE de 3 de marzo de 2021.

Derecho de desistimiento en contratos de prestación de servicios y suministros energéticos: novedades del Real Decreto-ley 24/2021

Ana I. Mendoza Losana
Diciembre 2021

Resumen: Modificación de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios por el Real Decreto-ley 24/2021: novedades del derecho de desistimiento en los contratos de servicios, suministros de agua, gas y energía eléctrica.

Inclusión financiera: digitalización de pagos versus dinero en efectivo

Mª Nieves Pacheco Jiménez
Noviembre 2021

Resumen: En los últimos años, y de la mano del comercio electrónico, se puede constatar la irrupción y posterior consolidación de los pagos a distancia frente a los habituales pagos presenciales. Es más, la pandemia provocada por el COVID-19 ha supuesto una alteración de hábitos para los consumidores, aumentando exponencialmente los pagos electrónicos. Si bien la tecnología financiera digital ha facilitado la ampliación del acceso de pequeñas empresas y de ciertas poblaciones en zonas remotas a servicios financieros, el abandono paulatino de los pagos en dinero en efectivo supone un obstáculo en lo que respecta a inclusión financiera de ciertos colectivos vulnerables. En aras de esa defensa de los pagos en efectivo se manifiesta la modificación efectuada por el Real Decreto-Ley 24/2021, de 2 de noviembre, del art. 47 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (Real Decreto Legislativo 1/2007), con la redacción de la letra ñ) en el listado de infracciones en materia de defensa de consumidores y usuarios: “La negativa a aceptar el pago en efectivo como medio de pago dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude fiscal”.

Ley de Servicios Digitales: adaptación de las normas de Derecho mercantil y civil a las entidades comerciales que operan en línea. Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre una Ley de Servicios Digitales

Autor: Alberto J. Tapia Hermida
Procedencia: El Blog de Alberto J. Tapia Hermida

Continuidad de doctrina en materia de cantidades adelantadas en la construcción y compraventa de viviendas (Ley 57/1968): también debe devolverse el importe entregado en efectivo

Lucía del Saz Domínguez
Noviembre 2021

Resumen: El Tribunal Supremo mantiene su criterio sobre las reclamaciones de cantidad en procedimientos en que se insta la devolución de cantidades entregadas a cuenta (con responsabilidad de la entidad avalista según la Ley 57/1968 por el total de las cantidades anticipadas por los compradores, aunque algunas de ellas se entregaran en efectivo a la promotora, sin ingresarse en la cuenta abierta a su nombre en la avalista o en diferente entidad).

La importancia de la prueba en la determinación de la relación de causalidad para la apreciación de la responsabilidad extracontractual de las instituciones de la Unión Europea por la divulgación no consentida de datos personales

Alba García Hernández
Noviembre 2021

Resumen: En el presente trabajo se analiza la STJUE de 29 de septiembre de 2021 por la que se resuelve el asunto T-528/20, en el que el actor reclama el resarcimiento de los daños morales ocasionados por Europol por la divulgación de sus datos personales, así como por la inclusión de estos en listas de la mafia. Finalmente, el Tribunal desestima sus pretensiones por no estar suficientemente fundadas.

Próxima ley de servicios de atención al cliente: escasas novedades y posible paso atrás

Ana I. Mendoza Losana
Noviembre 2021

Resumen: Sólo las grandes empresas y las prestadoras de servicios básicos estarán obligadas a disponer de un servicio de atención al cliente eficaz, gratuito y accesible que atienda mediante medios personales adecuadamente formados y sometido a evaluación externa periódica.