¿Es aplicable el régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración a la reclamación por parte de una constructora de devolución de cantidad por incumplimiento de un convenio urbanístico?

María Zaballos Zurilla
Mayo 2021

Resumen: El presente trabajo analiza la STS de 10 de febrero de 2021, que confirma la STS de Justica de Andalucía, de 25 de marzo de 2019, declarando inexistencia de responsabilidad patrimonial de la Administración, formulada solicitando la devolución de cantidades entregadas e intereses, por incumplimiento de un convenio de planeamiento celebrado entre las partes (la recurrente, una empresa constructora, y el Ayuntamiento de Marbella). El TS considera que no existe en el presente caso responsabilidad de la Administración, ex artículos 139 de la ley 30/1992 y 35 a) TRLS de 2008 (vigentes en el momento de los hechos), y declara que no puede ejercerse la pretensión derivada del incumplimiento del convenio a través de la acción de responsabilidad patrimonial.

Dies a quo del plazo de prescripción del art. 23 LCS cuando el asegurado se aquieta al contenido de la resolución administrativa que determina su grado de incapacidad laboral

Sheila Martínez Gómez
Mayo 2021

Resumen: La condición de «definitiva» de la resolución de la UVMI del INSS exigida por la póliza del seguro de amortización de un préstamo hipotecario, para que la entidad aseguradora proceda al pago de la prestación correspondiente, unida a la falta de impugnación de la resolución por parte del asegurado, no debe interpretarse en el sentido de que el día inicial del cómputo del plazo de prescripción se sitúe en el momento que se notifica la resolución administrativa.

Reconocimiento de existencia de controversia y de legitimación de la compañía aseguradora en el ejercicio de la acción subrogatoria del art. 43 LCS contra el Consorcio de Compensación de Seguros

Pilar Domínguez Martínez
Mayo 2021

Resumen: Según el Tribunal Supremo, la aseguradora que hubiera abonado los daños del vehículo asegurado en virtud de un seguro voluntario a todo riesgo, podrá ejercitar el derecho de subrogación del artículo 43 de la LCS frente al CCS, al existir controversia sobre la existencia de seguro del vehículo responsable, pues aquella ostenta en estos supuestos la condición de perjudicada a la que se refiere el artículo 11.1d) del TRLRCSCVM. Además, considera el TS que los intereses de demora exigibles al CCS no serán los del art. 20 LCS, no es aplicable a la aseguradora del causante del daño, cuando se dirige contra ella la aseguradora del perjudicado por el siniestro ejercitando la acción de subrogación que prevé el artículo 43 LCS, sino los ordinarios de los artículos 1100, 1101 y 1108 CC.

Caso Vavřička y otros vs la República Checa y su relevancia en la vacuna de la COVID-19

Antonio Garrido García
Mayo 2021

Resumen: En este paper se lleva a cabo un resumen del Caso Vavřička y otros vs la República Checa, tras lo cual se pone en relación al mismo con el pasado auto de Santiago de Compostela donde se avaló someter obligatoriamente a una mujer a la vacunación contra la COVID-19 y se estudia si la decisión del TEDH sería extrapolable a un plan de vacunación obligatorio en España como respuesta a la pandemia.

LO 3/2021, reguladora de la eutanasia: seis cuestiones acerca de la “prestación de la ayuda para morir”

Mª Carmen González Carrasco
Abril 2021

Resumen: Desde que la LO 3/2021, reguladora de la eutanasia fue aprobada el pasado 24 de marzo, han sido muchos los comentarios publicados sobre la misma. Casi todos han incidido en aspectos éticos, sociológicos, médicos, ideológicos e incluso penales. Este paper se propone analizar la norma desde una perspectiva obligacional, dando respuesta a las siguientes cuestiones: en qué consiste la prestación, quién está obligado a prestarla, cuáles son los límites de dicha obligación, quien puede solicitarla y cómo se garantizan en esta Ley Orgánica la calidad y los requisitos del consentimiento en relación con esta nueva prestación, que, como el resto de las recogidas en la cartera de prestaciones del SNS, puede dar lugar con su ejecución incorrecta a la responsabilidad patrimonial de la Administración, e incluso a la responsabilidad (penal) del personal a su servicio.

Una agencia de intermediación inmobiliaria reclama honorarios al consumidor que ha desistido del contrato cuando el servicio se ha prestado completamente pero no se le informó sobre su derecho

Mª del Sagrario Bermúdez Ballesteros
Abril 2021

Resumen: El Tribunal Supremo declara que en el marco de un contrato de corretaje para la venta de un inmueble celebrado en el domicilio del consumidor, cuando la prestación del servicio se ha ejecutado completamente durante el plazo de desistimiento (14 días naturales desde la celebración), el consumidor conserva su derecho a desistir y no asume ningún coste (i) si no existe la preceptiva información previa por parte del empresario [art. 97.1.i) y l) TRLGCU] y (ii) si el consumidor no presta su consentimiento expreso para el inicio de la prestación al tiempo que reconoce que es pleno conocedor de que con la ejecución perderá el derecho a desistir.

Dies a quo de la acción de nulidad de bonos convertibles canjeados voluntariamente: su canje no comporta la consumación del contrato

Alicia Agüero Ortiz
Abril 2021

Resumen: La STS n.º 152/2021 de 16 marzo ha declarado no caducada la acción de nulidad por error vicio de unos bonos canjeados voluntariamente en 2012 -cuyo valor se había depreciado en un 40%-, al comprender que el dies a quo no puede quedar fijado antes de que los bonos obtenidos a cambio del canje fueran canjeados necesariamente en acciones años después causando pérdidas al inversor.

Seguro de responsabilidad civil con cobertura de defensa jurídica de los intereses frente a terceros: no es la del art. 74 LCS sino la propia de un contrato de defensa jurídica

Pilar Domínguez Martínez
Abril 2021

Resumen: Según el Tribunal Supremo la cláusula que restringe a 600 euros la cobertura en el contrato de seguro de defensa jurídica en caso de libre elección de profesionales es lesiva y limita los derechos del asegurado, aunque se trate de un contrato de responsabilidad civil con cobertura adicional de defensa jurídica.