NOVEDADES
CESCO
Mª del Sagrario Bermúdez Ballesteros
Noviembre 2022
Resumen: La sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso Administrativo), Sección 8ª, el 16 de septiembre 2022, se pronuncia sobre la legalidad de la venta de medicamentos (sujetos y no sujetos a prescripción) realizada por vía telemática a través de la plataforma Telefarmacia.
Los estándares de conformidad en el subadquirente de un bien de consumo
Álvaro Vecina Aznar
Noviembre 2022
Resumen: El subadquirente que adquiere un bien de consumo tiene también la consideración de consumidor. En tal medida, podrá ejercitar frente al empresario vendedor, con quien no contrató, las acciones que la normativa de consumo prevé en materia de conformidad contractual. Únicamente serán aplicables al caso los estándares de conformidad objetivos, con alguna matización relevante que se aborda en el presente trabajo.
Las plataformas, en el punto de mira de la normativa digital europea
Sheila Martínez Gómez
Noviembre 2022
Resumen: A falta de su publicación en el DOUE, se da cuenta de las principales medidas adoptadas por el colegislador europeo en el Reglamento de Servicios Digitales para regular la actividad de las plataformas y preservar, al tiempo, los derechos de los usuarios en línea.
La representatividad adecuada en la Sentencia del Tribunal Supremo nº 328/2022 de 26 de abril
Lucio Morcillo Peñalver
Noviembre 2022
Resumen: El presente trabajo toma como base un caso resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo nº 328/2022 del 26 de abril. Parece que la resolución que analizamos en estas páginas nos viene a poner de manifiesto la ligereza con la que algunos pronunciamientos judiciales en los últimos años han ido otorgando legitimación ad procesum a determinadas asociaciones locales de consumidores para proteger infracciones realizadas por entidades bancarias con clara representación supranacional cuyos intereses a proteger, desde luego, no parece que puedan ser amparadas por cualquier asociación constituida bajo un único paraguas legislativo local. La inminente trasposición de la Directiva 2020/1828 nos ofrece una oportunidad en el tiempo para reflexionar sobre qué entidades pueden ser suficientemente representativas para defender intereses supraindividuales de consumidores.
El objetivo de este curso es analizar algunos de los mecanismos jurídicos dirigidos a lograr la reparación o la compensación del daño a través de las diferentes opiniones, críticas y reflexiones de catedráticos y expertos de reconocido prestigio en la materia con el fin de abordar el funcionamiento, los problemas y los retos a los que tienen que hacer frente los actuales sistemas de responsabilidad civil.
¿Cuándo el cierre de páginas web sin autorización judicial es ilegal?
Mª del Sagrario Bermúdez Ballesteros
Noviembre 2022
Resumen: La sentencia dictada por el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo), el 3 de octubre de 2022, se pronuncia sobre la legalidad del cierre administrativo unilateral (sin orden judicial) de páginas web. Concretamente, son dos las cuestiones que se enjuician: (i) Si resulta necesaria la autorización judicial cuando la Administración acuerda la interrupción del acceso a una web por los operadores de las redes de telecomunicaciones que prestan servicio en España ante la constatación de una actividad ilegal, en particular, la venta por medios telemáticos de medicamentos no autorizados para su comercialización en nuestro país. (ii) El alcance que, en su caso, debe tener la medida, atendiendo a la complejidad de los contenidos de la página web.
Más tareas para las entidades de crédito: transparencia universal, imparcialidad y compliance
Encarna Cordero Lobato
Noviembre 2022
Resumen: La disposición final 3ª de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, ha modificado el régimen de actuación con la clientela contenido en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito. Aunque no se imponen obligaciones de transparencia e imparcialidad que sean desconocidas en nuestro entorno jurídico, ni se concretan las actuaciones que habrán de llevarse a cabo para alcanzar un grado de transparencia aceptable en la contratación con la clientela (que siguen remitidas a desarrollo reglamentario), la reforma tiene la virtualidad de establecer obligaciones de transparencia e imparcialidad con carácter general para todo tipo de actuación con la clientela en cualesquiera relaciones jurídicas, así como de imponer a las entidades de crédito la obligación de dotarse de sistemas, procedimientos y mecanismos de gobierno corporativo encaminados a lograr y verificar que se actúa protegiendo los intereses de la clientela, en los términos que establezca el desarrollo reglamentario de esta previsión.
- Derecho a compensación de los pasajeros aéreos por un gran retraso cuando hay varios vuelos operados por distintos transportistas
- Transparencia de la cláusula suelo contratada a través de un asesor financiero
- Objetivación de los delitos de homicidio y lesiones para cuya ejecución haya sido determinante la comisión de una infracción grave de tráfico
- Las ofertas destinadas a los consumidores registrados en web y app deben atender a la norma del “precio anterior”
- Aplicabilidad de la Ley 57/1968 aun cuando la compraventa sobre plano tenga carácter internacional
- El Blog de Alberto J. Tapia Hermida
- LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL MAR MENOR
- Resolución de contrato pagado con datos personales como precio