Responsabilidad subsidiaria del distribuidor de productos defectuosos

Lucía del Saz Domínguez
Marzo 2020

Resumen: El Tribunal Supremo aclara si para trasladar la responsabilidad al distribuidor el art. 138.2 TRLGDCU exige un requerimiento previo por parte del perjudicado a fin de que identifique al fabricante.

Plazo de prescripción aplicable a los contratos de suministro doméstico de luz, agua, gas y telefonía

Sheila Martínez Gómez
Marzo 2020

Resumen: La consulta planteada por la OMIC de Medina del Campo (Valladolid) a CESCO tiene por objeto determinar cuál es el plazo de prescripción aplicable a los contratos de pago mensual o periódico, como son los contratos de suministro doméstico cuya finalidad es el abastecimiento de luz, agua, gas y teléfono.

¿Cuándo es la aseguradora un “tercero obligado al pago” de la asistencia sanitaria pública recibida por su asegurado?

Mª Carmen González Carrasco
Febrero 2020

Resumen: Las entidades aseguradoras de asistencia sanitaria pueden resultar obligadas al pago de los gastos médicos causados al sistema sanitario público cuando se dé una de las circunstancias que permiten al paciente ser atendido por servicios ajenos al cuadro médico de la aseguradora, pero ello siempre y cuando no se trate de un supuesto de doble cobertura en el que el asegurado esté ejerciendo su libertad de elección basado en su condición de asegurado o beneficiario de la sanidad pública.

Archivado por caducidad un procedimiento sancionador en materia de consumo, ¿es posible iniciar uno nuevo si no ha finalizado el plazo de prescripción de la infracción?

María Zaballos Zurilla
Febrero 2020

Resumen: El presente estudio realiza un análisis de la legislación, doctrina, y resoluciones de nuestros Tribunales sobre la materia objeto de la consulta elevada a CESCO por el Servicio de la Agenda 2030 y Consumo de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En ella se plantea si archivado por caducidad un procedimiento sancionador de consumo, es posible iniciar un nuevo procedimiento sancionador basado en la misma supuesta infracción, si no ha finalizado el plazo de prescripción de las infracciones que prevé el artículo 150 de la Ley 3/2019 del Estatuto de las personas consumidoras de Castilla-La Mancha.

Las últimas siete sentencias del Tribunal Supremo sobre la Ley 57/68

Lucía del Saz Domínguez
Febrero 2020

Resumen: En este trabajo se sintetiza la doctrina del Tribunal Supremo en sus últimas resoluciones en materia de cantidades anticipadas por los adquirentes para la construcción de las viviendas.

Compraventas online pagadas con cesión de datos personales: ¿en qué difiere de otra compraventa al consumo?

Sheila Martínez Gómez
Febrero 2020

Resumen: En la celebración de una compraventa online, cuyo precio sea la cesión de datos de carácter personal, ha de observarse el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de los datos personales, así como la nueva directiva de venta y garantía de productos de consumo, la Directiva 2019/77 de 20 de mayo de 2019, en cuanto a la resolución del contrato por incumplimiento.

El deber de información de la compañía aseguradora sobre el ejercicio del derecho de renuncia del tomador en el seguro directo de vida

Pilar Domínguez Martínez
Febrero 2020

Resumen: En esta Sentencia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre la determinación del alcance y el plazo de caducidad del derecho de renuncia en los contratos de seguro de vida.

Los propietarios en régimen de propiedad horizontal deben hacer frente a los gastos de consumo de la instalación interior del edificio, a pesar de no haber contratado de manera expresa e individual con la compañía energética

Elena Trujillo Villamor
Febrero 2020

Resumen: Análisis sobre la Sentencia 708/2017, de 5 de diciembre de 2019 del TJUE. Se analiza la no oposición al derecho europeo de pagar por un suministro de energía no solicitado que abastece a las zonas comunes por todos los propietarios de la comunidad en régimen de propiedad horizontal y la viabilidad de contribuir al gasto energético según el volumen calefactable de la vivienda cuando no sea posible individualizar el consumo real de energía.