Lourdes García Montoro

Octubre del 2015

Pobres ya no sólo son los «sin techo» que duermen en la calle o en los portales de cajeros automáticos, sino que existe una nueva clase de «pobres» a quienes la situación de sobreendeudamiento les ha obligado a vivir en unas condiciones bastante precarias. La sociedad española se ve obligada cada vez con mayor asiduidad a recurrir a ONGs u otras entidades de acción social en busca de una ayuda que les permita pagar la hipoteca, las facturas o atender una necesidad tan básica como alimentar a su familia. Los comedores sociales se llenan cada día de familias en búsqueda de un trozo de pan que llevarse a la boca. La situación de empobrecimiento progresivo que sufren muchas familias españolas ha supuesto el declive de la mayoritaria clase media hacia una clase empobrecida que debe recurrir a las ayudas sociales, en muchos casos procedentes de entidades de acción social, para atender las necesidades básicas de la vida.

De ahí la necesidad de regular la actividad desarrollada por este tipo de entidades y de fomentar su participación en la elaboración de políticas sociales, lo que se pretende conseguir a través de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, cuyo objetivo es la regulación de las entidades que trabajan en la preservación de los derechos civiles, económicos, sociales o culturales de las personas y grupos vulnerables o en riesgo de exclusión social.