Rosa Milà Rafel
Septiembre 2017
Resumen: El presente trabajo analiza la sentencia del Tribunal Constitucional 88/2017, de 4 de julio, que confirma la constitucionalidad del artículo 128-1 del Código de consumo de Cataluña sobre los derechos lingüísticos de las personas consumidoras, siempre que el precepto se interprete conforme a lo indicado en la sentencia. El TC concluye que el artículo 128-1 CCC no puede comportar la imposición de obligaciones individuales de modo general, inmediato y directo en las relaciones entre particulares. Además, debe garantizar el derecho de los consumidores a recibir la documentación e información referida en el mismo, tanto en catalán como en castellano. Por último, el artículo tiene que respetar plenamente la legislación estatal y el margen que ésta deje a la Comunidad Autónoma.
