La STJUE de 13 de julio de 2017 y su posible incidencia en la regulación española sobre las garantías en la venta de bienes de consumo

Mª del Sagrario Bermúdez Ballesteros
Julio 2017

Resumen: El presente trabajo se dirige a exponer la STJUE de 13 de julio de 2017 (asunto C-133/16) relativa a la interpretación de algunos preceptos de la Directiva 1999/44/CE, de 25 de mayo, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo. Además, se analiza su posible incidencia en la regulación española de las garantías en la venta de bienes de consumo.

La Universidad de Castilla- La Mancha, con la colaboración del Centro de Estudios de Consumo (CESCO) organiza el I Master de actualización jurídica para Notarios

Pueden consultar las fechas de preinscripción y matricula, profesorado, estructura y contenidos en el siguiente enlace: www.majn-1.posgrado.uclm.es  

La solicitud de preinscripción se realiza a través de la plataforma electrónica habilitada en la web del curso o directamente desde el siguiente enlace: https://tp.uclm.es/index.aspx

Nulidad de la cláusula de interés moratorio contenida en un contrato celebrado entre profesionales

Iuliana Raluca Stroie
Julio 2017

Resumen: El presente trabajo analiza la doctrina de la SAP Pontevedra de 1 de febrero 2017 relativa a la interpretación del concepto de consumidor en los contratos con finalidad mixta en un asunto en el que la parte demandante ejercitó una acción de nulidad de diversas condiciones generales de la contratación por considerarlas abusivas en virtud de su condición de consumidor. Concretamente, el demandante solicitó se declarase la nulidad de la cláusula que establecía el interés moratorio de un contrato de préstamo con garantía hipotecaria en 25%.

Novedades en la regulación de productos del tabaco, cigarrillos electrónicos y análogos

Helena Palomino Moraleda
Julio 2017

Resumen: Informe acerca de las novedades que introduce el Real Decreto de 9 de junio y el Anteproyecto de Ley que modifica la Ley 28/2005 de 26 de diciembre, en materia de tabaco, cigarrillos electrónicos y análogos.

La práctica imposibilidad de recuperar la vivienda por el arrendador vulnera el derecho a la propiedad privada

David Soler Oti
Julio 2017

Resumen: El arrendador puede disponer de su vivienda arrendada, siempre y cuando justifique una necesidad de vivienda habitual para él o sus parientes cercanos. De lo contrario perjudicaría al arrendatario que esté destinando el inmueble objeto del contrato a vivienda habitual.

La imposición del pago del impuesto de AJD al prestatario consumidor no es abusiva

Karolina Lyczkowska
Julio 2017

Resumen: Se discute la validez de una cláusula que impone al prestatario-consumidor el pago de los impuestos que devengue la operación debido a su posible abusividad a la luz de la prohibición de imputación al consumidor de impuestos en los que el sujeto pasivo es el profesional (art 89.3 c RDLeg 1/2007).

La prescripción de la acción de nulidad de la cláusula de gastos y de la acción de restitución de los gastos abonados

Manuel Jesús Marín López
Julio 2017

Resumen: Una de las cuestiones más debatidas en relación con la cláusula de gastos en los préstamos hipotecarios es la relativa a la prescripción. Este trabajo examina si la reclamación del consumidor (prestatario) contra el prestamista está sometida a prescripción. A estos efectos es necesario distinguir entre la acción de declaración de nulidad de la cláusula abusiva y la acción de restitución de las cantidades abonadas en ejecución de la cláusula. La primera no prescribe, pero la segunda sí. Se analiza cuál es el plazo de prescripción de esta segunda pretensión y el día en que comienza a correr el plazo (dies a quo). También se expone el tratamiento que de la prescripción han hecho los tribunales de primera y segunda instancia. 

No cabe sanción administrativa por “introducción de cláusulas abusivas en los contratos” sin declaración judicial previa del carácter abusivo de la cláusula 

Encarna Cordero
Julio 2017

Resumen: La introducción de cláusulas abusivas en los contratos constituye una infracción administrativa tanto en la legislación estatal [art. 49.1 i) TRLCU, desde que fue introducida en 1998 en la LCU derogada a través de la LCGC], como en la generalidad de la legislación autonómica. Lo que no aclaran las normas indicadas es si la apreciación del carácter abusivo de la cláusula ha de ser efectuada por un juez, de manera que la Administración de consumo solo pueda sancionar la introducción de cláusulas que previamente hayan sido declaradas abusivas por un órgano judicial, o si, por el contrario, la Administración es competente para apreciar el carácter abusivo de la cláusula contractual, sin necesidad de la intermediación judicial.