María Zaballos Zurilla
Enero 2020
Resumen: El presente trabajo analiza la STSJ de Madrid, de 22 de julio de 2019, que anula el acuerdo del IVIMA por el que se enajenan viviendas de protección oficial a una entidad privada. Considera la sentencia que la enajenación no ha cumplido el requisito de innecesariedad de las viviendas para el cumplimiento de los fines del IVIMA y conlleva una quiebra de la protección social de los colectivos favorecidos con el disfrute de viviendas de protección pública.
La compra de un vehículo al precio ofertado en un spot publicitario «para toda la gama»
Sheila Martínez Gómez
Enero 2020
Resumen: Aquel spot publicitario que oferte, para toda la gama de vehículos, un mismo precio, no puede ser considerado una oferta contractual por falta de información, pudiendo deducir el consumidor medio que el precio ofertado es de aplicación al vehículo de menores prestaciones.
La compra de un vehículo al precio ofertado en un spot publicitario «para toda la gama»
Sheila Martínez Gómez
Enero 2020
La compra de un vehículo al precio ofertado en un spot publicitario «para toda la gama»
Sheila Martínez Gómez
Enero 2020
Lucía del Saz Domínguez
Enero 2020
Resumen: El Tribunal Supremo analiza el Decreto de la Junta de Castilla y León 3/2017, de 16 de febrero, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la modalidad de vivienda de uso turístico en dicha comunidad
El Tribunal Supremo avala el Decreto 3/2017, por el que se regulan las viviendas de uso turístico en Castilla y León
Lucía del Saz Domínguez
Enero 2020
El Tribunal Supremo avala el Decreto 3/2017, por el que se regulan las viviendas de uso turístico en Castilla y León
Lucía del Saz Domínguez
Enero 2020
María Zaballos Zurilla
Enero 2020
Resumen: El presente trabajo analiza la STSJ de Madrid, de 10 de julio de 2019, que reconoce indemnización de daños y perjuicios a favor de la mercantil PROMATOL, en un supuesto de demora en la concesión de licencia urbanística a favor de ésta. Considera que se ha producido un funcionamiento anormal de los servicios públicos productor de un daño, que la sociedad afectada no tiene obligación de soportar.
